Lisandro Teszkiewicz

La Auditoría General de la Ciudad publicó un informe lapidario en el que alerta sobre descontrol interno, incongruencias financieras y apartamiento de los procedimientos legales que deberían regir los bienes públicos.

El programa de Descontaminación, Compactación y acarreo de vehículos abandonados de la Ciudad (PROCOM) debería ser un engranaje transparente en la política de seguridad y ordenamiento urbano. Sin embargo, un reciente informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) revela descontrol interno, incongruencias financieras y apartamiento de los procedimientos legales que deberían regir los bienes públicos.

Para implementar el PROCOM, el Ministerio de Seguridad porteño recurrió a un convenio directo de colaboración con la Cámara de Grabadores de Autopartes, quien aparta por completo la gestión de la normativa vigente de compras y contrataciones, la cual garantiza la transparencia en el uso del dinero público.

A partir de allí, el control de los datos parece haber quedado a la deriva, ya que información crítica quedó plasmada en una simple planilla de Excel manual, lo que permite modificaciones en los registros oficiales que no coinciden entre sí. Por ejemplo, mientras la Cámara informó la compactación de 3.720 rodados, el PROCOM reportó 355, y la Base de Datos General apenas registró 93 casos.

El caos administrativo se profundiza en las bases de datos de vehículos abandonados. Sobre más de 4.000 solicitudes, cientos de registros carecen de número identificatorio, de la fecha de ingreso al predio o de la comuna donde se realizó la remoción. El 100% de las pericias de autos analizados carecían de fecha, y la mitad de los expedientes estaban incompletos.

Además, se suma que se catalogaron vehículos bajo la etiqueta de “En Buen Estado” sin ningún informe técnico que lo acreditara, detectándose casos insólitos de autos supuestamente óptimos a los que les faltaba el motor, la batería o el radiador, lo que constituye una vergüenza.

En el plano económico, existe una falta de rendición de gastos por un monto millonario de $82.249.373,90 de pesos por parte de la Cámara, equivalente al 34,84% de los costos de obra que la entidad afirmó haber asumido.

El impacto financiero para el Gobierno se traduce en que sólo se comenzará a percibir beneficio del 5% de lo producido en las etapas de compactación una vez cubierto el costo total de la obra.

Desde la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, señalamos que: “no rendir los gastos de la obra es un golpe directo a las finanzas porteñas, Mientras se mantenga esa falta de transparencia, la ciudad no verá un solo peso del 5% que le corresponde por el proceso de compactación».

Y enfatizamos que: «el Macrismo no solo no controla, sino que resigna recursos propios por la desidia administrativa. Para completar el cuadro de irregularidades, luego de que la auditoría notificó esta falta de rendición, el organismo solicitó a la cámara una rendición que se produjo con más de dos años de demora”.

El gasto real del programa fue camuflado en otras áreas, mediante imputaciones incorrectas que dificultan el control presupuestario. Los $177,44 millones destinados al pago de 36 agentes del PROCOM se cargaron a los presupuestos de la Policía de la Ciudad y del Cuerpo de Agentes de Prevención.

Del mismo modo, el servicio de grúas de acarreo, adjudicado por $ 142,64 millones, fue absorbido por completo por la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Policía. Mientras tanto, el presupuesto oficial del programa sufrió un recorte del 56% y las actividades específicas de “Acarreo y Compactación” terminarán el año con una ejecución nula de cero pesos.

En este contexto, cabe agregar que existe una total falta de comunicación entre las comunas y el PROCOM y las líneas de atención ciudadana (BOTI y BA147), lo que genera desamparo administrativo, ya que si a un vecino le remolcan el vehículo, los canales de atención no disponen de información para comunicarle si el acto fue acarreado o si ya ingresó al proceso de compactación impactando de forma directa en los vecinos.

En conclusión, desde la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires enfatizan que: «gobernar esta ciudad requiere altos estándares de transferencia y control adecuado, pero la gestión pública pierde el rumbo si los expedientes se vuelven discrecionales, los fondos se desvían y los sistemas se reducen a un Excel desprotegido. Las pérdidas exorbitantes producidas, afectan sobre todo a los y las porteñas de la Ciudad. Hace 20 años ejecutan de esta forma, esto no es un error, es un proyecto político”.