Lisandro Teszkiewicz

La reciente auditoría revela fallas estructurales en la gestión tecnológica de Espacio Público. El informe denuncia que el Estado invierte millones en tecnología y no puede garantizar cómo funciona, quién la controla ni qué resultados produce.

El reciente informe de la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA) sobre los sistemas informáticos del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana expuso serias fallas en la gestión, el control y la seguridad de plataformas clave utilizadas para supervisar servicios esenciales como la recolección de residuos, las inspecciones y la gestión de infracciones.

La Dirección General de Monitoreo y Sistemas (DGMYS) es la que gestiona los sistemas del Ministerio al analizarla se desataron escandalosas fallas estructurales vinculadas a la falta de planificación, ausencia de controles formales y carencias en la gestión de la información.

El organismo administra una amplia red de sistemas, entre ellos SAP, Oracle, GIRE, SIGEP, Urbetrack, SADE, QGIS y Power BI, quienes procesan información clave para la gestión urbana. Estas herramientas deberían permitir monitorear servicios, controlar flotas, planificar inspecciones y generar datos para la toma de decisiones. Sin embargo, la seguridad y los datos de todos los ciudadanos se encuentra atravesado por importantes falencias de gestión.

En términos presupuestarios la dirección contó con $474 millones de pesos para su funcionamiento, mientras que los desarrollos tecnológicos nuevos y el mantenimiento de los sistemas implican asignaciones superiores a los $752 millones de pesos.

Además, hay ausencia de una gobernanza tecnológica formal, entonces, no existe documentación que permita identificar con claridad los objetivos, los responsables o indicadores de satisfacción de los usuarios. Esta falta impide evaluar si los sistemas cumplen efectivamente con los fines para los que fueron implementados.

Al respecto, desde la Auditoría General, señalamos que el Estado invierte millones en tecnología y no puede garantizar cómo funciona, quién la controla ni qué resultados produce. Sin control, la tecnología deja de ser una solución y se convierte en un problema.

Asimismo, se detectó que los proyectos informáticos carecen de planificación formal, es decir que no existen registros detallados de las tareas, los requerimientos o responsables. Esto solo dificulta el seguimiento de los desarrollos y abre la puerta a decisiones discrecionales sin mecanismos de control.

Otra falla crítica es en materia de seguridad informática, siendo que el organismo no cuenta con políticas formalizadas de gestión de riesgos ni tampoco marcos normativos completos que regulen la protección de los datos. Tampoco existen registros que garanticen la trazabilidad de accesos o de las operaciones realizadas en los sistemas, lo que compromete seriamente la integridad de los datos.

En esta línea, insistimos desde la Auditoría General que cuando no hay trazabilidad, cuando no hay registros ni reglas claras, lo que se pierde no es sólo información sino también la posibilidad de saber la causa y quién es responsable.

Falta documentación técnica, inventarios, no hay registros de equipamiento, diagramas de red ni manuales de uso actualizados, tampoco hay procesos formales para el control de cambios en el software e incluso se detectó el uso de tecnologías que ya no cuentan con soporte de los fabricantes. Esto incrementa los riesgos operativos, dificulta la recuperación ante fallas y la vulnerabilidad de los sistemas.

En síntesis, remarcamos que estos sistemas son el corazón del control del espacio público. Si funcionan sin planificación y seguridad, lo que falla no es solo la tecnología, es la capacidad del Estado de garantizar servicios eficientes a los vecinos y vecinas. Por ello, es necesario enfatizar que usar los recursos públicos de esta forma deja libre albedrío a que las empresas utilicen los datos y la información de la ciudad a su gusto, para enriquecer sus ganancias a costa del bienestar y la seguridad.